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Proyecto para bajar “supersueldos” del Senado es declarado inadmisible y queda en manos del Gobierno

El proyecto de ley impulsado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), para modificar los denominados “supersueldos” de funcionarios del Congreso, fue declarado inadmisible por la Sala. La iniciativa no podrá avanzar mientras no cuente con patrocinio del Ejecutivo.

Durante la sesión se explicó que la moción aborda materias de gasto fiscal, lo que la convierte en una iniciativa de exclusiva competencia del Presidente de la República. La resolución se fundamenta en el artículo 65 de la Constitución, que impide al Congreso legislar en temas que afectan la administración financiera del Estado.

Con esta decisión, el futuro del proyecto queda en manos del Gobierno. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, señaló que el Ejecutivo evaluará la pertinencia de patrocinar la iniciativa presentada por Ossandón.

El senador Ossandón realizó un llamado directo al Ejecutivo tras conocerse la inadmisibilidad. En la Sala solicitó formalmente el patrocinio, advirtiendo que solo restan cinco semanas para el término del actual periodo legislativo.

La propuesta surge tras revelarse una distorsión salarial al interior del Congreso Nacional. Un informe indicó que 181 funcionarios ganan más que los parlamentarios y el Presidente de la República.

Según los antecedentes, el funcionario mejor pagado de la Cámara de Diputados recibe cerca de 18,5 millones de pesos brutos, mientras que en el Senado existen sueldos de hasta 16 millones de pesos mensuales. Una investigación periodística identificó además a más de 130 funcionarios con remuneraciones superiores a los 8,4 millones de pesos brutos.

El proyecto apunta a modificar el sistema remuneracional propio del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso, el cual se ha alejado de los estándares del sector público debido a beneficios y asignaciones establecidos por acuerdos internos.

Entre las medidas centrales se encuentra la eliminación del complemento de jornada, equivalente al 25% del sueldo base, el cual sería reemplazado por el pago de horas extraordinarias solo por trabajo efectivo.

La iniciativa también busca prohibir que las comisiones de Régimen Interior y la Biblioteca otorguen nuevos beneficios remuneratorios. Además, establece períodos de cuatro años, renovables una sola vez, para los cargos de secretario general del Senado, de la Cámara de Diputados y del director de la Biblioteca del Congreso.

El texto incluye una norma transitoria que garantiza que los funcionarios actuales no verán reducidos sus sueldos. Según Ossandón, el proyecto permitiría generar un ahorro superior a los 10 mil millones de pesos una vez que entre en régimen.

Tras la inadmisibilidad, el senador Iván Flores afirmó que sin el apoyo del Gobierno la iniciativa no avanza, aunque valoró que se instale el debate sobre las remuneraciones en el Congreso.

Mientras asociaciones de funcionarios han manifestado su rechazo a la propuesta, expertos en transparencia han respaldado la necesidad de revisar y normalizar los salarios. El destino del proyecto dependerá ahora de la decisión que adopte el Ejecutivo, en un plazo marcado por el cierre del periodo legislativo.

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