El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán, encabezado por su presidente Guillermo Arcos Salinas, resolvió iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle Alee, con el fin de esclarecer su eventual responsabilidad en hechos que han generado controversia a nivel nacional.
De acuerdo con la resolución, la medida fue adoptada tras analizar los antecedentes remitidos por la Corte Suprema en el marco del expediente administrativo N° 1643-2025, que instruyó a las cortes de apelaciones revisar los posibles vínculos de funcionarios del sistema registral con presuntos traspasos de dinero y eventuales irregularidades financieras.
“Se ordena a la Fiscalía Judicial de esta Corte la apertura de una investigación administrativa respecto de don Yamil Najle Alee, Conservador de Bienes Raíces de Chillán, a fin de determinar su eventual responsabilidad derivada del supuesto traspaso de dinero de su cuenta bancaria personal al señor Gonzalo Migueles Oteíza”, señala textualmente la resolución del tribunal.
La decisión del pleno se sustenta, además, en publicaciones de prensa y antecedentes recopilados por el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, así como en lo dispuesto en el Acta 108-2020 de la Corte Suprema, que regula las investigaciones internas sobre la actuación de conservadores y notarios.
Esta nueva indagación se suma al procedimiento disciplinario abierto por el Colegio de Abogados de Chile A.G., que anunció la semana pasada una investigación en contra de Yamil Najle y del abogado Mario Vargas Escobar, ambos mencionados en el contexto del denominado “Caso Muñeca Bielorrusa”, que involucra presuntos pagos irregulares a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
El caso ha remecido al Poder Judicial y motivado acciones de control y transparencia en distintas jurisdicciones del país. En Chillán, el Conservador de Bienes Raíces deberá responder ante la Fiscalía las acusaciones que lo vinculan al supuesto movimiento de fondos hacia el abogado Gonzalo Migueles Oteíza, otro de los nombres mencionados en la trama nacional.
La investigación administrativa ordenada por la Corte busca determinar si existieron faltas a la probidad o infracciones al ejercicio de sus funciones.
Una vez finalizada, sus resultados deberán ser informados al pleno del tribunal y eventualmente a la Corte Suprema, que podrá disponer nuevas medidas disciplinarias si lo estima pertinente.
