Fiscalía: 1 de cada 3 delitos en el “estallido social” fue por agentes del Estado
La Fiscalía Nacional reveló que uno de cada tres delitos cometidos durante el estallido social correspondió a violencia institucional ejercida por agentes del Estado, entre octubre de 2019 y marzo de 2020. El documento contabiliza 32.901 casos y 35.146 delitos, de los cuales un 34% fueron actos de violencia institucional y un 31% saqueos.
El Informe Estadístico del Estallido Social, presentado por el fiscal nacional Ángel Valencia, busca transparentar los resultados judiciales y operativos del Ministerio Público durante el estallido. Según el reporte, el sistema penal se vio “desbordado por el volumen y la gravedad de los hechos”, concentrando casi la mitad de los ingresos en la Región Metropolitana. El peak se produjo el 20 de octubre de 2019, con 2.420 delitos registrados en un solo día.
En materia de violencia institucional, el informe detalla 11.506 causas y 12.002 delitos, principalmente apremios ilegítimos (70,4%) y abusos contra particulares (20%). También se registraron 211 casos de tortura, 226 lesiones graves y 35 homicidios atribuidos a funcionarios públicos.
El documento consigna además 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales 230 perdieron total o parcialmente la visión. En el 84% de los casos, las lesiones fueron provocadas por proyectiles disparados por agentes del Estado.
Pese a la magnitud de las denuncias, solo el 4% de las causas concluyó con una condena judicial. Un 70% fue archivada sin juicio y un 14% terminó con absolución de los imputados.
En contraste, las causas por maltrato o atentado contra la autoridad, principalmente contra Carabineros, tuvieron un 24% de condenas efectivas. Hubo 37 funcionarios lesionados gravemente, la mayoría por objetos contundentes o armas de fuego.
El informe también detalla que los saqueos y desórdenes públicos representaron un 53% del total de delitos. Los robos a locales comerciales se concentraron en comunas como Macul, Las Condes y La Florida, mientras que el 85% de los detenidos por desórdenes eran hombres jóvenes, con un promedio de 24 años.
El Ministerio Público reconoce que no contaba con protocolos claros para investigar violencia institucional durante el estallido. Recién en 2021 se actualizaron los criterios de investigación, y en 2023 —ya bajo la gestión de Valencia— se creó la Unidad Especializada de Derechos Humanos, destinada a mejorar la persecución penal de estos delitos.
A seis años del inicio del estallido, las cifras evidencian una brecha entre la magnitud del fenómeno y los resultados judiciales: de más de 12 mil denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con condenas.
Síguenos en Google News:
Google NewsSíguenos en Instagram:
Instagram