Rechazan la mayoría de las solicitudes de libertad condicional en Chillán
La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán otorgó el beneficio a 33 de los 133 internos que postularon durante el segundo semestre de 2025 en las distintas unidades penales de la jurisdicción, lo que equivale a un 24,8% del total de solicitudes revisadas.
La instancia sesionó el pasado 10 de octubre, jornada en la que se analizaron los antecedentes de cada postulante, según lo dispuesto por el Decreto Ley 321, modificado por la Ley 21.124, que regula los requisitos para acceder al beneficio.
Del total de libertades concedidas, 6 correspondieron al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, 12 al Centro de Detención Preventiva de Quirihue, 10 al de San Carlos, 3 al Centro de Educación y Trabajo (CET) de San Carlos y 2 al CET de Yungay.
La normativa establece que los internos deben haber cumplido al menos la mitad de la condena —o dos tercios en caso de delitos graves—, mantener conducta intachable dentro del penal y contar con un informe psicosocial favorable elaborado por Gendarmería, que evalúe sus posibilidades reales de reinserción social.
La comisión, presidida por el ministro Guillermo Arcos e integrada por los jueces Juan Pablo Lagos, Raúl Romero, Manuel Vilches y María Alejandra Cruz, junto al ministro de fe Gabriel Hernández, revisó en detalle cada caso, aplicando además las exigencias introducidas por la Ley 21.627, vigente desde noviembre de 2023.
Dicha modificación legal endureció los criterios, al establecer que Gendarmería debe informar al tribunal correspondiente sobre cada postulación, permitiendo que las víctimas sean notificadas y puedan presentar observaciones o alegaciones por escrito ante la comisión. En casos calificados, incluso pueden ser escuchadas en audiencia.
La decisión adoptada por la Comisión de Libertad Condicional de Chillán refleja una aplicación más estricta del beneficio, priorizando la seguridad pública y la correcta evaluación del riesgo de reincidencia, sin dejar de lado los procesos de reinserción social que la ley busca promover.
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