Detenida desaparecida del Informe Rettig estaría viva en Argentina

Más de 50 años han pasado desde que el nombre de Bernarda Vera fue inscrito en la lista oficial de detenidos desaparecidos del régimen de Augusto Pinochet. Su caso figura en el Informe Rettig como una de las 1.162 víctimas, presuntamente ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén tras ser detenida en octubre de 1973 en Trafún, Valdivia.
Sin embargo, recientes reportajes de Chilevisión y del sitio Reportea revelan que Vera estaría viva, residiendo actualmente en Mar del Plata, Argentina, lo que pone en entredicho la versión oficial y abre cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con los antecedentes, en 1978 el Servicio de Migraciones de Suecia otorgó un visado y residencia a una mujer con su identidad, que en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca. Testimonios de exmilitantes del MIR señalan que logró escapar hacia la cordillera junto al grupo liderado por el sueco Svante Grande, refugiándose posteriormente en Argentina y Europa.
Su propia familia ha confirmado la información. Uno de sus hijos reconoció que se trata de la misma persona: “Ella siempre supo que este momento llegaría, pero no tiene miedo a nada”, declaró.
El hallazgo generó críticas a la gestión estatal. El exjefe de la Brigada de DDHH de la PDI, Sandro Gaete, afirmó que el Gobierno conocía la situación desde hace más de un año y medio, lo que motivó incluso su renuncia. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, sostuvo que la primera información documental fue recibida recién en mayo de 2025, coincidiendo con las indagatorias periodísticas. No obstante, Reportea aseguró que Cancillería había informado a las autoridades y a la familia en Chile un mes antes.
Ante la controversia, el ministro en visita y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, abrió un cuaderno reservado para esclarecer el caso y determinar si existió o no la debida diligencia por parte del Estado.
El caso de Bernarda Vera no solo remece la memoria histórica, sino que también tensiona la credibilidad de las políticas de verdad y reparación en materia de derechos humanos en Chile.
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