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Corte da 24 horas a jueza para explicar “pinchazo” a llamada entre Boric y Huneeus

La Corte de Apelaciones de Antofagasta otorgó un plazo de 24 horas a la jueza del Juzgado de Garantía de la ciudad, Sissi Bertoglio Cortés, para que entregue un informe justificando la autorización para mantener interceptado el teléfono de Josefina Huneeus Lagos, exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura.

La decisión del tribunal de alzada se produjo tras la presentación de un recurso de amparo por parte de los abogados de Huneeus, quienes denunciaron “espionaje” e ilegalidad en el “pinchazo” al teléfono de su clienta.

En el escrito, se argumenta que la medida fue adoptada sin sospechas fundadas ni motivos legales, ya que Huneeus no figuraba como investigada en la causa.

El recurso presentado por la defensa de Huneeus sostiene que la interceptación se realizó por error, bajo la suposición de que el número telefónico pertenecía a Alberto Larraín, director ejecutivo de ProCultura. No obstante, el teléfono en cuestión era propiedad de Huneeus desde hace dos décadas.

Pese al error detectado, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó mantener la medida el pasado 16 de octubre, argumentando que Huneeus “tenía conocimiento de los hechos investigados”, sin presentar pruebas concretas.

La autorización fue concedida por el tribunal, renovándose en dos ocasiones más, el 6 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025, sin mayores fundamentos legales.

Entre las llamadas interceptadas, figura una conversación entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric, lo cual detonó las acusaciones de “espionaje político” por parte de los abogados defensores.

El recurso enfatiza que el Ministerio Público y el tribunal actuaron fuera del marco legal al calificar a Huneeus primero como testigo y luego como imputada, sin antecedentes concretos que respaldaran esa decisión.

Finalmente, la defensa solicitó a la Corte de Apelaciones la anulación de las resoluciones y la eliminación de todo el material obtenido mediante las interceptaciones, argumentando que se trató de un procedimiento irregular y sin justificación.

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