Comisión para la Paz y el Entendimiento entrega informe con 21 propuestas para resolver conflicto en la Macrozona Sur
Este martes, la Comisión para la Paz y el Entendimiento presentó su informe final al Presidente Gabriel Boric, documento en el que se incluyen 21 recomendaciones orientadas a abordar el histórico conflicto en la Macrozona Sur.
El informe, de 118 páginas, recoge los antecedentes y propuestas surgidas de 63 sesiones de trabajo y un extenso proceso de diálogo con diversos actores vinculados al conflicto.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas, instando a una reforma que garantice sus derechos individuales y colectivos, así como la promoción de la interculturalidad.
Además, se solicita el reconocimiento de las formas propias de organización mapuche, superando las limitaciones de la actual ley que regula las “comunidades indígenas”.
Esto incluye permitirles adoptar sus propias estructuras organizativas, asociarse con otras comunidades y desarrollar fines económicos sin vulnerar la inalienabilidad de sus tierras.
La Comisión también plantea la revitalización cultural y lingüística a través de medidas transversales que promuevan el uso del idioma y la preservación de la cosmovisión mapuche.
En materia política, se recomienda la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas para garantizar su representación ante el Estado, además de un nuevo órgano de alta jerarquía que coordine de manera efectiva las políticas públicas para los pueblos originarios.
Reparación para las víctimas y nuevo acuerdo de tierras
Uno de los puntos más relevantes es la propuesta de una Ley de Reparación Integral para Víctimas, que incluya tanto a mapuches como no mapuches afectados por hechos de violencia rural o actos terroristas desde 1997.
Esta ley establecería un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y crearía un órgano encargado de identificar y registrar a las víctimas, diseñando planes de asistencia y reparación.
En cuanto a las tierras, se sugiere un nuevo sistema de adquisición de tierras que armonice la Ley Indígena con el Convenio 169 de la OIT, creando una Agencia de Reparación y un sistema de financiamiento que contemple un fondo de 4.000 millones de dólares para responder a las demandas históricas.
Este mecanismo incluye alternativas de reparación que van más allá de la entrega de tierras, como el acceso a infraestructura habitacional, créditos hipotecarios y planes de educación superior para los afectados.
Además, se propone la creación de un Tribunal Arbitral para resolver los conflictos territoriales y agilizar los procesos de entrega de tierras.
La Comisión sugiere que mientras se implementa este nuevo modelo, la CONADI siga operando con sus actuales funciones, pero fortalecida en sus capacidades y modernizada en sus registros públicos.
Desarrollo territorial y acompañamiento a nuevas comunidades
En línea con el desarrollo económico y territorial, el informe recomienda políticas públicas que impulsen el crecimiento en las regiones afectadas, fomentando la inversión privada y pública en sectores clave como la agricultura, agroindustria y turismo.
También se sugiere un programa de acompañamiento para los nuevos propietarios de tierras, que garantice un desarrollo económico sostenido y una integración efectiva a la economía local.
Finalmente, se insta al Gobierno a crear una oficina especializada para la implementación de las medidas propuestas, la cual se encargaría de coordinar, supervisar y monitorear el avance de estas recomendaciones, asegurando que los cambios lleguen de manera efectiva a las comunidades beneficiadas.
El Presidente Gabriel Boric valoró la entrega del informe y comprometió un análisis detallado para determinar los pasos a seguir en la implementación de estas propuestas, que buscan resolver uno de los conflictos más prolongados y complejos en la historia reciente de Chile.
