Víctima de tortura en Chillán gana histórica demanda
La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la sentencia que condena al fisco a pagar una indemnización de 30 millones de pesos por daño moral a Sebastián Antonio Cea Riquelme, exdirigente del Centro Juvenil en Búsqueda de la Igualdad, quien fue detenido en septiembre de 1973 y abril de 1974 por agentes del Estado, y sometido a torturas en el regimiento militar de la ciudad.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Érica Pezoa, Carolina Vásquez y el abogado (i) Baltazar Guajardo– ratificó la resolución dictada por el Segundo Juzgado Civil de Chillán, tras establecer que los hechos vividos por Cea Riquelme constituyeron una vulneración grave a sus derechos humanos.
La sentencia de primera instancia acreditó que el demandante fue víctima de detención ilegal, tortura física y psicológica, y persecución política.
Durante su reclusión, fue golpeado y sometido a aplicación de electricidad. A ello se suma que, luego de ser liberado, volvió a ser arrestado y acosado por los mismos organismos de seguridad, situación que lo obligó a exiliarse hasta el año 1977.
“Fluye naturalmente que aquellas circunstancias provocaron un daño a su esfera emocional, manifestado en la trasgresión de su dignidad, la aflicción mental por el hecho de ser privado de libertad, sometido a tormentos físicos y psicológicos, y por supuesto el peso de arrastrar por el resto de su vida un recuerdo amargo y doloroso”, señala el fallo.
El tribunal consideró también el contexto histórico y la intensidad del sufrimiento provocado por estas acciones represivas para fijar la indemnización en 30 millones de pesos, como una forma de reparación simbólica.
Este caso se suma a otros juicios civiles que han dado paso a reparaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Si bien el monto no puede borrar las secuelas del pasado, representa un reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en hechos de esta naturaleza.
La decisión del tribunal reafirma que las vulneraciones cometidas por agentes del Estado durante el régimen militar no quedarán impunes en la memoria judicial del país.
