Gobernador Crisóstomo sobre juicio de cuentas: “Lo que hicimos está apegado a la ley”
La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas contra el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, por presuntas irregularidades en la supervisión de un convenio por $268 millones con la fundación ProCultura.
La medida también involucra a otros cinco funcionarios del Gobierno Regional, a quienes se les atribuye responsabilidad en la falta de control sobre los fondos públicos.
El caso se originó en 2022, cuando el Gobierno Regional de Ñuble asignó directamente $268.100.000 a ProCultura para financiar el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Un informe de Contraloría detectó diversas irregularidades en la ejecución de estos fondos, incluyendo sobreprecios, $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados.
Además, se investiga la presunta intervención de Crisóstomo en la selección de la empresa Esquerré para realizar el proyecto, pese a que oficialmente el ejecutor era ProCultura.
Durante un punto de prensa la mañana de este jueves, el gobernador se refirió al juicio de cuentas y aseguró que se trata de un proceso administrativo aún en etapa de descargos.
“Esto no es una historia nueva, tiene varios años y distintos capítulos. Tenemos la certeza y tranquilidad de que todo se hizo en regla y que los fondos fueron invertidos en este convenio”, afirmó. También señaló que los tiempos de Contraloría son dilatados y que se están entregando los antecedentes necesarios para cerrar el proceso.
A nivel judicial, Crisóstomo también es parte de una investigación penal liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lo declaró sujeto de interés en el caso.
En octubre de 2024, fue citado a declarar en calidad de imputado, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.
Mientras tanto, la consejera regional Lorena Jardua (UDI), quien presentó una querella en su contra, reiteró que hubo manejos políticos irregulares, sobreprecios y falta de transparencia en la ejecución del convenio.
El proceso sigue en curso y podría traer nuevas repercusiones para la autoridad regional, incluyendo eventuales sanciones económicas y una posible escalada del caso en tribunales.
