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Gobernador Óscar Crisóstomo se opone al proyecto de Ministerio de Seguridad Pública

El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, expresó su fuerte oposición al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, señalando que, a su juicio, no combate de manera efectiva la delincuencia, sino que perpetúa la figura de los delegados presidenciales y genera mayor gasto público sin resultados concretos para la ciudadanía.

Crisóstomo hizo un llamado a los parlamentarios a votar en conciencia, advirtiendo que el proyecto solo sumaría más presencia del Estado sin ofrecer herramientas reales para enfrentar los desafíos de seguridad en las regiones.

“Este proyecto crea más gasto, más presencia y más funcionarios, pero no mejora las capacidades de los gobiernos regionales ni aporta a la verdadera prevención del delito”, afirmó Crisóstomo.

Según el gobernador, la propuesta implica una profundización del control centralizado del gobierno en las regiones, ya que se incorporan nuevos cargos y atribuciones a los delegados presidenciales, en lugar de buscar un cambio estructural que permita una mayor participación de las autoridades locales en la gestión de seguridad.

En este contexto, Crisóstomo subrayó que los gobernadores regionales quedarán excluidos de importantes instancias como el consejo nacional de prevención de delitos, lo que, a su juicio, limita su capacidad para influir en las políticas de seguridad pública.

“Ni los gobernadores ni la Asociación de Gobernadores participaremos en la toma de decisiones, a pesar de ser las autoridades más cercanas a las comunidades y los problemas reales de seguridad”, destacó.

Además, el gobernador cuestionó la creación de una nueva Secretaría Regional Ministerial (Seremi) en cada región, cuya función se superpone con las atribuciones que los gobiernos regionales ya deberían tener según la legislación vigente.

Esto, según Crisóstomo, generaría un choque de competencias y duplicación de funciones que solo aumentaría la burocracia, sin mejorar la seguridad de la ciudadanía. “El proyecto no prioriza el fortalecimiento de los gobiernos regionales para que puedan ejercer funciones preventivas, ni apoya a las víctimas de la delincuencia”, lamentó.

Por su parte, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública tiene como objetivo coordinar un sistema integrado de seguridad, alineando a diversas instituciones del Estado, como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y el Ministerio Público.

El nuevo ministerio también incluiría equipos especializados en seguridad a nivel regional, con Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública.

Crisóstomo, sin embargo, afirmó que esta nueva estructura institucional podría crear más confusión que soluciones concretas para las comunidades.

“No podemos seguir sumando más presencia del Estado sin tener políticas claras y eficaces para reducir la delincuencia. Es esencial que los parlamentarios defiendan los intereses de las regiones y voten a favor de una ley que realmente beneficie a la ciudadanía”, concluyó el gobernador de Ñuble.

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