El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite el requerimiento presentado por el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, con lo cual el proceso de desafuero en su contra queda suspendido temporalmente.
La medida llega en el marco de una investigación que apunta a presunto cohecho, lo que pone en el centro de la polémica a la máxima autoridad de la región.
Las acusaciones contra Crisóstomo surgen de su gestión anterior como delegado provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en Ñuble.
Según la denuncia, el gobernador habría otorgado subsidios habitacionales de manera irregular a tres familiares directos: su padre, su hermano y su tía.
La querella señala que estas personas no cumplirían con los requisitos exigidos para obtener dichos subsidios, sugiriendo que se habría incurrido en fraude en el proceso de asignación de beneficios habitacionales.
Cabe recordar que, en octubre pasado, la Corte de Apelaciones de Chillán ya había rechazado una solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público, permitiendo a Crisóstomo continuar en su cargo.
Además, en las elecciones regionales recientes, el gobernador fue reelecto en primera vuelta con el 41,22% de los votos, consolidando su liderazgo en la región a pesar de la controversia.
Esta decisión del TC mantiene la expectativa en torno al desarrollo del caso, que sigue en investigación y será clave para determinar la continuidad de Crisóstomo en su cargo y su imagen frente a la comunidad de Ñuble.
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