Diputados Republicanos presentan querella contra cofundador de ProCultura por presunto fraude al fisco

En el marco de la investigación del Ministerio Público por las presuntas irregularidades en la Fundación ProCultura, parte del denominado caso Convenios, diputados del Partido Republicano han presentado una querella criminal contra Alberto Larraín, cofundador de la ONG, y su representante legal, Constanza Gómez.
La acción judicial, además, busca responsabilizar a todos los funcionarios públicos que resulten como autores, cómplices o encubridores del delito de fraude al fisco.
La querella, ingresada por los diputados Juan Irarrázaval y Agustín Romero en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se enfoca en el convenio millonario suscrito entre la Gobernación Metropolitana (GORE RM) y ProCultura, que asciende a $1.683.780.000. Los legisladores acusan graves irregularidades en la ejecución de estos fondos.
“Resulta evidente que en ningún momento existió un debido control sobre los fondos públicos. Ya el mero hecho de entregar la totalidad de los dineros mediante un único giro demuestra que se permitió dolosamente la defraudación por parte de ProCultura”, señala el documento legal.
Además, el texto sostiene que no se disponían de los medios adecuados para monitorear la utilización de los recursos ni la efectiva prestación de los servicios contratados, denunciando la falta de medidas de control y fiscalización.
El diputado Irarrázaval expresó su descontento por la falta de avances en la investigación: “Hemos estado en completo vilo, como todo el país, sin noticias sobre el progreso de las aristas del caso, salvo por las filtraciones de la prensa”, afirmó.
También apuntó directamente al presidente Gabriel Boric, señalando que el caso ProCultura estaría estrechamente vinculado a su figura, y mencionando la relación con personas cercanas al mandatario, como Miguel Crispi e Irina Karamanos.
Por su parte, el diputado Agustín Romero criticó la administración de Claudio Orrego, gobernador metropolitano, calificando la adjudicación de fondos a ProCultura como “un escándalo de proporciones”.
Según Romero, “no solo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos a una fundación que no cumplió con sus obligaciones, sino que esto evidencia una falta de transparencia alarmante”.
En la querella, los parlamentarios han solicitado al Ministerio Público que se ordene una investigación a la Brigada Anticorrupción Metropolitana para recopilar todos los antecedentes del caso.
Además, pidieron la intervención de la Brigada del Cibercrimen de la PDI para acceder a los correos electrónicos, equipos computacionales y teléfonos de las oficinas de ProCultura.