Esta semana se han registrado graves hechos de violencia en diversos establecimientos educacionales de la región de Ñuble, lo que ha encendido las alarmas en las autoridades y la comunidad escolar.
El primer incidente ocurrió el lunes en el Colegio Alturas de Chillán, cuando un alumno de octavo básico agredió brutalmente a su profesora de Ciencias Naturales.
Según testigos, el estudiante, que presentaba una “desregulación conductual”, golpeó repetidamente a la docente en el rostro y, tras caer al suelo, continuó propinándole patadas.
La profesora fue trasladada a la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus lesiones. Este hecho ha generado gran preocupación entre los apoderados, quienes han decidido no enviar a sus hijos al colegio hasta que se tomen medidas de seguridad concretas.
El segundo incidente ocurrió el martes en el Liceo Industrial de Chillán, donde un apoderado protagonizó una violenta pelea con estudiantes.
Según testigos, el apoderado atacó a los alumnos y, durante su huida, atropelló a otro estudiante. Se solicitó una investigación exhaustiva para aclarar los hechos, y algunos informes señalan que dos alumnos fueron trasladados al hospital, aunque la información es confusa.
Frente a estos hechos, el seremi de Educación de Ñuble, César Riquelme, en conjunto con el presidente del Colegio de Profesores de Ñuble, Manuel Chávez, emitieron un pronunciamiento condenando los actos de violencia y destacaron la intervención inmediata de la Superintendencia de Educación, que ha abierto un proceso administrativo y ha presentado denuncias ante Carabineros y la fiscalía.
Riquelme hizo un llamado a los sostenedores a reforzar los reglamentos de convivencia escolar para proteger a los trabajadores de la educación y garantizar la seguridad en los establecimientos.
Chávez, por su parte, manifestó su solidaridad con la profesora agredida y criticó la atención brindada por la Mutual de Seguridad, señalando que no fue adecuada considerando la gravedad de las lesiones sufridas por la docente. Añadió que la situación ya está en manos de la fiscalía para su investigación.
Estos hechos han dejado en evidencia la necesidad de un fortalecimiento urgente de las medidas de convivencia escolar y de protección para docentes y estudiantes, así como una revisión profunda de los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia en los establecimientos educacionales.