Balacera en San Carlos: imputado seguirá en prisión preventiva por ataque a carabinero
La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Chillán, manteniendo en prisión preventiva a Joaquín Carrasco Valenzuela, de 18 años, imputado por múltiples delitos cometidos el 18 de septiembre en la comuna de San Carlos.
Carrasco fue formalizado por lesiones menos graves, disparo injustificado contra un carabinero de franco, porte de arma de fuego prohibida y robo con intimidación frustrado.
Los hechos ocurrieron durante la tarde de las celebraciones de Fiestas Patrias, cuando el imputado intentó robarle una bicicleta a un adulto mayor en una zona céntrica de San Carlos.
En medio del incidente, un carabinero que se encontraba fuera de servicio intervino para socorrer a la víctima.
Sin embargo, Joaquín Carrasco reaccionó violentamente, amenazando al policía con un arma de fuego, lo que generó una peligrosa confrontación.
Tras este primer enfrentamiento, el imputado se dirigió a la casa de la madre del carabinero que lo había enfrentado, donde realizó un disparo en un claro intento de intimidación.
Posteriormente, el carabinero de franco decidió seguir al agresor para detenerlo, lo que derivó en un segundo y más grave incidente: Carrasco le disparó al uniformado en el abdomen, causándole heridas que, afortunadamente, no resultaron fatales.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los detalles del caso y subrayó la gravedad de los delitos imputados a Carrasco, haciendo especial énfasis en el peligro que representa su libertad para la seguridad de la comunidad y las víctimas involucradas.
Ante estos argumentos, tanto el Juzgado de Garantía de Chillán como la Corte de Apelaciones ratificaron que el imputado debía permanecer en prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación.
Además de las imputaciones por lesiones menos graves y el disparo injustificado contra el carabinero, Carrasco Valenzuela enfrenta cargos por porte de un arma de fuego prohibida, una de las agravantes más serias del caso, así como el intento de robo con intimidación.
La investigación del caso estará a cargo de la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para reunir las pruebas necesarias antes de que el joven enfrente un juicio formal.