Defensa de Óscar Crisóstomo desestima desafuero tras audiencia en Chillán
Tras la conclusión de la audiencia celebrada este miércoles en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Chillán, el equipo legal del Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo Llanos, emitió una declaración pública en respuesta a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Ñuble.
Los abogados Enrique Aldunate y Gumercindo Quezada, encargados de la defensa de Crisóstomo, expusieron detalladamente las razones por las cuales consideran que la solicitud debe ser desestimada.
En primer lugar, Aldunate argumentó que ha quedado en evidencia una notable negligencia por parte del Ministerio Público en cuanto a los tiempos y la efectividad de la investigación llevada a cabo.
“La Fiscalía no ha logrado acreditar nada de lo que originalmente se imputó a Óscar Crisóstomo,” afirmó Aldunate, subrayando la falta de pruebas contundentes que respalden las acusaciones iniciales contra el gobernador.
Además, Quezada destacó que, tras más de tres años de presentada la querella, la propia Fiscalía desestimó la mayor parte de los supuestos delitos imputados, evidenciando así la falsedad de las acusaciones por carecer de pruebas sólidas. “Después de 3 años y 3 meses de presentada la querella, la propia Fiscalía desestimó la mayor parte de los supuestos delitos que contenía, evidenciando la falsedad de las acusaciones por carecer de pruebas,” señaló Quezada, poniendo en duda la integridad del proceso investigativo.
El tercer argumento presentado por la defensa se centró en el descargo de cualquier implicación familiar en los hechos.
Los abogados aclararon que los hechos en los que maliciosamente se involucra a Óscar Crisóstomo y a su familia han sido descartados categóricamente, ya que el propio Ministerio Público no se refirió a ellos en la solicitud de desafuero.
“Las acusaciones de corrupción no son más que el ejercicio libre de su profesión,” añadieron Aldunate y Quezada, denunciando la manipulación de la opinión pública por parte de la Fiscalía.
Finalmente, Aldunate y Quezada cuestionaron la temporalidad de la reactivación de esta causa, señalando que coincide con un periodo electoral.
“Es muy llamativo el tiempo en que se reactiva esta causa, pues coincide nuevamente con un periodo electoral, lo que genera serias dudas sobre la motivación política que existe detrás de estas acciones,” concluyeron, sugiriendo que la solicitud de desafuero tiene fines políticos más que judiciales.
El contexto del caso involucra una acusación de cohecho pasivo entre particulares. Según la Fiscalía, en mayo de 2019, antes de asumir su cargo como gobernador regional, Crisóstomo habría aceptado $22.950.000 a cambio de favorecer la contratación de una empresa constructora en un proyecto de viviendas rurales.
Este acto, según la Fiscalía, habría perjudicado a otros potenciales oferentes y afectado los intereses de 17 beneficiarios de subsidios habitacionales del Estado.
El juez Mathías Riquelme otorgó un plazo de dos meses para que la Fiscalía continúe con la investigación, bajo la posibilidad de que la I Corte de Apelaciones de Chillán emita su fallo definitivo el próximo 15 de octubre.
Si la Corte decide aceptar el desafuero, la Fiscalía podrá proceder con medidas cautelares personales y formalizar la investigación. De no ser aceptada, la causa será sobreseída, poniendo fin al proceso de desafuero.
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