¿Qué Pasó con el Gobernador Crisóstomo? Fiscalía Aclara Petición de Desafuero
La Fiscalía Regional de Ñuble ha confirmado que ha solicitado el desafuero del gobernador de la Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo Llanos, ante la Corte de Apelaciones de Chillán.
Esta solicitud, presentada el lunes 26 de agosto, se enmarca en una investigación penal que se mantiene en carácter reservado, por lo cual no se han entregado detalles adicionales al respecto.
El Ministerio Público está a la espera de que el tribunal de alzada programe una audiencia para resolver la solicitud de desafuero planteada.
De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, el gobernador Crisóstomo está siendo investigado en una causa por cohecho.
Las acusaciones señalan que, durante su gestión como delegado provincial del Serviu en Ñuble, Crisóstomo habría otorgado subsidios irregulares a tres familiares directos: su padre, su hermano y su tía, pese a que estos no cumplían con los requisitos establecidos.
Esta situación fue denunciada a través de una querella presentada en su contra, la cual sostiene que estos subsidios se otorgaron de manera fraudulenta.
Además, mientras desempeñaba su cargo en el Serviu, Crisóstomo también habría estado dirigiendo la Inmobiliaria Pullay, una empresa bajo su liderazgo hasta antes de ser elegido gobernador regional.
Esta inmobiliaria está actualmente bajo la lupa por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en varias comunas de la región, como San Nicolás, San Fabián, Quirihue y Quillón, entre otras.
Las acusaciones en contra de la Inmobiliaria Pullay señalan que, en conjunto con otras dos empresas del rubro, la Constructora Firenze y Asesorías Acoge, habrían realizado cobros indebidos de fondos públicos.
Esta situación ha levantado serias dudas sobre la gestión de los recursos destinados a programas de vivienda social y sobre la integridad de los procesos de adjudicación y construcción de las mismas.
El secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, Gabriel Hernández, explicó que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía será evaluada por el tribunal en una audiencia especial.
En dicha instancia, se escucharán los alegatos del Ministerio Público y, eventualmente, los del gobernador regional. El tribunal tendrá la tarea de determinar si procede el desafuero.
En caso de que no se acceda a la solicitud, la causa será archivada. De lo contrario, si se aprueba el desafuero, se procederá a la formación de la causa y continuará el proceso penal correspondiente.
La Corte de Apelaciones ha concedido un plazo de 10 días para que el gobernador Crisóstomo presente un informe en respuesta a la solicitud de desafuero.
Este plazo comenzó a contar desde el 29 de agosto, y una vez recibido el informe, el tribunal fijará la fecha de la audiencia.
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