Tragedia en el Teatro Caupolicán Revela Falta Grave: Carabineros No Pueden Ser Guardias Privados
Un lamentable incidente se registró durante una fiesta en el Teatro Caupolicán, Santiago, donde un funcionario de Carabineros, Rodrigo Puga, perdió la vida tras recibir un disparo.
Sorprendentemente, el autor del disparo sería otro funcionario policial que, al igual que la víctima, se encontraba trabajando como guardia de seguridad privado en el evento.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, confirmó la información, destacando que ambos carabineros desempeñaban labores de seguridad privada, una actividad prohibida para miembros de la policía según la ley de seguridad privada.
“Carabineros no puede ejercer labores de seguridad privada”, enfatizó Vergara, recalcando que esta prohibición es explícita en la normativa vigente y constituye una falta grave dentro de la institución.
Vergara detalló que el enfrentamiento se originó tras la expulsión de un grupo de personas que estaban cometiendo delitos dentro de la fiesta.
Estas personas, tras ser expulsadas por una puerta lateral, regresaron al acceso principal, donde se produjo el tiroteo que resultó fatal para el sargento 2º Rodrigo Puga.
El subsecretario subrayó que, además de la gravedad del hecho, existe un componente fundamental relacionado con el ejercicio de labores de seguridad privada por parte de los carabineros involucrados.
“Hay disposiciones internas, esto es una falta grave dentro de la institución y, por eso mismo, el otro funcionario fue inmediatamente apartado de sus funciones, independiente de que haya una investigación en curso”, señaló.
La situación se complica aún más debido a que la nueva ley de seguridad privada prohíbe explícitamente que carabineros o funcionarios de la PDI desempeñen labores de seguridad privada, ya que Carabineros es el organismo encargado de fiscalizar a las empresas de seguridad. Esta dualidad de roles presenta un conflicto de interés significativo.
Vergara agregó que cualquier empresa que contrate a funcionarios policiales para labores de seguridad privada podría enfrentar sanciones severas, con multas que podrían alcanzar los $800 millones.
Además, enfatizó que el uso de armas de servicio por parte de los carabineros debe ser en contextos específicos y bajo estricta regulación, algo que, según los antecedentes preliminares, no se cumplió en este caso.
La investigación sigue en curso para determinar todas las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia en las inmediaciones del Teatro Caupolicán.
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