Acoso laboral en Municipalidad de San Ignacio: fallo judicial y millonaria indemnización
El Juzgado de Letras de Bulnes acogió una demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por la coordinadora comunal del Programa de Integración Escolar (PIE) y ordenó a la Municipalidad de San Ignacio pagar una indemnización de $6.000.000 por concepto de daño moral.
La magistrada Claudia Aguayo Dolmestch determinó que hubo suficientes indicios de acoso laboral contra la trabajadora, estableciendo que se vulneraron sus derechos al ser víctima de actos de acoso laboral.
El fallo explicó que los derechos de los trabajadores se vulneran cuando el empleador, sin justificación suficiente, limita arbitraria o desproporcionadamente su ejercicio.
En este caso, el cambio de funciones de la trabajadora, removiéndola de su cargo de coordinadora sin su consentimiento y asignándola a tareas no relacionadas con su rol original, no fue una medida racional ni proporcional. Además, se mencionó que la subdirectora del DAEM, Cecilia Pradenas, incurrió en acoso laboral, lo que afectó gravemente la salud mental de la trabajadora, llevándola a una situación de estrés y a la declaración de una enfermedad profesional de origen laboral.
Como resultado de la sentencia, el tribunal resolvió que la Municipalidad de San Ignacio deberá pagar a la trabajadora una indemnización de $6.000.000 por daño moral.
Además, la trabajadora deberá ser reincorporada como coordinadora del PIE o en un cargo similar, con jornada completa, en cualquier establecimiento educacional de la comuna.
La Municipalidad también deberá publicar una declaración visible en el departamento de educación disculpándose con la trabajadora y enviar esta declaración a todos los establecimientos educacionales de la comuna. Asimismo, la subdirectora Cecilia Pradenas deberá recibir una capacitación en derechos fundamentales y acoso laboral.
La resolución subrayó la importancia de garantizar un ambiente de trabajo libre de acoso y la obligación del empleador de tomar medidas para proteger la integridad psíquica de sus trabajadores.
Además, se condenó a la Municipalidad de San Ignacio al pago de las costas del juicio. Esta decisión refleja el compromiso de la justicia con la protección de los derechos de los trabajadores y el rechazo categórico al acoso laboral en cualquier forma.
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