Chillán

$30 millones recibirá estudiante torturado por la dictadura de Pinochet en Chillán

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $30.000.000 por daño moral a Roberto Sigfrido San Martín Urra, estudiante del Instituto Superior de Comercio, detenido en septiembre de 1973 y 1977 por Carabineros en la comuna de Chillán y sometido a interrogatorios bajo tortura.

En un fallo unánime (causa rol 131-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Claudio Arias, Érica Pezoa y el abogado (i) Juan Pablo Ortega, ratificó la sentencia emitida por el Primer Juzgado Civil de Chillán.

“Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de treinta de enero de dos mil veintitrés”, consigna el fallo.

La sentencia de primera instancia estableció que la acción civil derivada de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, conforme a las normas internacionales que promueven y obligan la responsabilidad del Estado.

Aplicar la normativa interna de prescripción limitaría el derecho a la reparación integral y al efectivo ejercicio de la acción para reclamarlo, derechos contemplados en la normativa internacional integrada como norma interna por el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Esto resulta consecuente con la imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir tales delitos, forzando el rechazo de la excepción de prescripción opuesta de manera subsidiaria.

El fallo también señaló que los beneficios otorgados por el Estado son compatibles con la indemnización demandada y no representan una doble reparación.

“El monto fijado cumple con el objetivo de ser una justa e integral reparación para el demandante por el daño sufrido y no debe ser reducido, como solicitó el Fisco de Chile”, añade.

Roberto Sigfrido San Martín Urra fue detenido en dos ocasiones durante la dictadura militar, en 1973 y 1977, y sometido a torturas por parte de Carabineros en Chillán. Su caso es uno de los muchos que reflejan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época.

Este fallo representa un paso importante en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, reafirmando la responsabilidad del Estado en garantizar la reparación integral de quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos.

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