Jueza de Chillán Recibirá Solo $10 Mil Mensuales por Embargo de Sueldo Debido a Millonaria Deuda
La Corte de Apelaciones confirmó la legalidad del embargo del sueldo para una jueza de Chillán, debido a una millonaria deuda. La magistrada Claudia Montero, del Tribunal Oral de Chillán, percibirá alrededor de 10 mil pesos mensualmente durante los próximos 10 meses.
El abogado de la jueza afectada, Ignacio León, anunció que intentará un último recurso ante la Corte Suprema para revertir esta decisión.
De acuerdo a lo publicado por Radio Bío Bío, este caso se hizo conocido el año pasado cuando se dictó el fallo definitivo que acogió la demanda de Carmen Julien Sepúlveda, ordenando a Montero pagar una deuda adquirida en 2013 tras solicitar un préstamo de 45 millones de pesos.
Hasta ahora, el cumplimiento de la sentencia no se ha concretado debido a varios recursos interpuestos por ambas partes.
La Corte de Apelaciones ha ratificado en todas las instancias la legalidad del embargo del salario de la magistrada.
El abogado de la demandante, Roberto Neira, confirmó que todas las resoluciones dictadas por el Poder Judicial han dado luz verde a la medida del embargo.
Por su parte, el abogado Ignacio León se excusó de referirse al tema en detalle, mencionando únicamente que existen recursos pendientes, incluida una apelación a la Corte Suprema.
La jueza Montero también evitó dar una versión detallada, señalando solo que ya se le han retenido dos sueldos, recibiendo $9 mil y $11 mil pesos como remuneración en los últimos dos meses, respectivamente.
A pesar de estas retenciones, Carmen Julien aún no ha recibido su dinero, que asciende a 65 millones de pesos al sumar los reajustes e intereses.
El abogado de Julien explicó que, de acuerdo con el monto del embargo mensual, la deuda debería quedar saldada el próximo año.
Además, recientemente Carmen Julien logró que se condenara al Consejo de Defensa del Estado al pago de 8 millones de pesos como indemnización por la demora de un juez, que permitió a la magistrada demandada vender un inmueble con el que se podría haber pagado la deuda en su momento.
Este caso continúa generando controversia y mantiene a la comunidad jurídica y a la opinión pública atentas a los próximos desarrollos, especialmente en espera de la decisión de la Corte Suprema sobre los recursos presentados.