La mañana de este miércoles 24 de abril de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un nuevo allanamiento en las oficinas del Gobierno Regional de Ñuble, incautando al menos tres teléfonos celulares pertenecientes a altos funcionarios, incluidos el del gobernador Óscar Crisóstomo, la administradora regional Alicia Contreras y un tercer profesional.
Este operativo se inscribe dentro de una serie de diligencias ordenadas por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, como parte del caso ProCultura.
El caso ProCultura, que está siendo investigado en una de las aristas del denominado Caso Convenios, ha motivado la realización de al menos cinco allanamientos simultáneos, incluyendo domicilios de personas vinculadas a la fundación.
Estas investigaciones son llevadas a cabo por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) tanto de la Región Metropolitana como de Concepción.
El primer allanamiento relevante en esta serie se realizó el 7 de marzo de 2024, cuando efectivos de la PDI intervinieron en la misma Gobernación del Ñuble.
La investigación surgió tras un informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló faltas de transparencia en la asignación directa de un convenio superior a $260 millones entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Fundación ProCultura.
Dicho informe destaca que el convenio, denominado “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, por un valor de $268 millones, fue formulado y postulado a solicitud del GORE de Ñuble, lo que sugiere una falta de justificación para la asignación directa de estos recursos.
Además, se señaló que la División de Fomento e Industria del GORE formuló, patrocinó, evaluó y supervisó la iniciativa, una situación que representa una concentración de funciones y viola las normas de transparencia y separación de roles.
La PDI continúa con las investigaciones para esclarecer todas las irregularidades asociadas al caso y determinar las responsabilidades correspondientes.