Ordenan $60 millones de indemnización para víctima de la dictadura en Chillán
La Corte de Apelaciones de Chillán ha resuelto que el Estado chileno debe indemnizar a Ana María Andrades Huentupil con $60 millones por daño moral, tras ser víctima de detención ilegal y tortura.
Este histórico fallo se produce después de que Andrades fuera detenida y sometida a torturas por agentes del Estado en octubre de 1973, en su lugar de trabajo, siendo luego trasladada a una comisaría y al regimiento local.
El veredicto, dictado de forma unánime por la Primera Sala del tribunal, compuesta por los ministros Claudio Arias, Guillermo Arcos y el fiscal judicial Solón Vigueras, ratifica una sentencia previa del Primer Juzgado Civil de Chillán.
La corte confirmó así la necesidad de compensación por los horrores vividos por Andrades, enfatizando el carácter imprescriptible de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad.
Al rechazar la excepción de prescripción opuesta de manera subsidiaria, la justicia chilena reafirma el derecho a la reparación integral de las víctimas de delitos de lesa humanidad, asegurando que estas atrocidades no queden en la impunidad y que los afectados puedan ejercer efectivamente su derecho a reclamar justicia y reparación.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Chillán constituye un paso significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile.