Malos olores en Chillán y Chillán Viejo persisten como desafío de las autoridades

La preocupación por los malos olores que afectan a los habitantes de Chillán y Chillán Viejo ha llevado al Gobierno a tomar acciones decisivas.

Mario Rivas, seremi del Medio Ambiente, ha confirmado la realización de una serie de fiscalizaciones en conjunto con el Servicio Ganadero, la autoridad de salud y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Estas acciones se han centrado en la investigación de las emanaciones provenientes de algunos establecimientos pecuarios cercanos a la zona.

Durante estas fiscalizaciones, se han realizado muestreos y verificaciones, incluyendo la revisión de la mortalidad animal, lo que ha permitido levantar información crucial para los procesos que están en curso.

Rivas ha señalado que se han identificado incumplimientos ambientales por parte de algunas empresas, lo que podría llevar a la ratificación de sentencias que demuestren estas infracciones.

Una de las prácticas bajo escrutinio es el fertirriego, tratamiento y disposición de los efluentes ganaderos, que si no se manejan adecuadamente, pueden contribuir a la problemática de los olores.

La correcta distribución y manejo operativo de estos desechos son fundamentales para cumplir con las normativas ambientales.

El seremi destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de estas situaciones, ya sea por la presencia de moscas o afectaciones a la salud, y recalcó que tanto el Servicio Agrícola y Ganadero como la Superintendencia del Medio Ambiente están facultados para fiscalizar y sancionar a los responsables.

Sin embargo, una de las dificultades en la lucha contra los malos olores es la falta de personal para cubrir toda la región, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las capacidades de fiscalización en el futuro.

Rivas también hizo hincapié en cómo las condiciones climáticas, como el calor o el frío, pueden influir en la intensificación de los olores, afectando así el bienestar de la población.

Este conjunto de esfuerzos muestra el compromiso del Gobierno por resolver un problema que impacta significativamente en la calidad de vida de los ciudadanos de Chillán y Chillán Viejo, buscando no solo aplicar sanciones sino también prevenir futuras incidencias.