$35 millones de indemnización para víctima de la dictadura en Chillán
La Corte de Apelaciones de Chillán ha determinado que el Estado de Chile debe indemnizar con $35.000.000 a José Naldo Morales Soto, un estudiante universitario que fue detenido y torturado por agentes civiles en abril de 1974.
La detención se produjo en la vía pública y posteriormente fue trasladado al regimiento de la ciudad donde sufrió torturas.
La decisión, tomada por unanimidad por la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Guillermo Arcos, Claudio Arias y Paulina Gallardo, ratifica una sentencia previa del Primer Juzgado Civil de Chillán.
La resolución judicial subraya el carácter imprescriptible de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, basándose en normas internacionales que establecen la responsabilidad estatal en estos casos.
El fallo recalca la importancia de garantizar la reparación integral y el efectivo ejercicio del derecho a reclamar dicha reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, conforme a lo establecido en la normativa internacional y la Constitución Política de la República.
Esta decisión subraya la imprescriptibilidad de las acciones penales para perseguir delitos de lesa humanidad, rechazando cualquier excepción de prescripción que se pudiera haber planteado de manera subsidiaria.