La Corte de Apelaciones de Chillán revocó una resolución previa y otorgó arresto domiciliario total al alcalde de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt.
La decisión incluyó además medidas de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados y de acercarse a la Municipalidad de San Ignacio.
Figueroa Betancourt, acusado por el Ministerio Público de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos y malversación de caudales públicos, habría cometido estos delitos en el contexto de licitaciones de cuentas bancarias del municipio.
La resolución unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Érica Pezoa, Guillermo Arcos y el fiscal judicial Solón Vigueras, revocó la decisión del Juzgado de Garantía de Bulnes que, el pasado 15 de diciembre, había mantenido al alcalde en prisión preventiva.
La Corte argumentó que Figueroa Betancourt, tras más de ocho meses en prisión preventiva, no presentaba cambios significativos en los antecedentes principales de la investigación.
Además, se señaló que las diligencias pendientes fueron solicitadas por la defensa, no pudiendo perjudicar al imputado su falta de ejecución.
El tribunal concluyó que, considerando el tiempo transcurrido y la conducta previa irreprochable del imputado, las medidas cautelares impuestas asegurarían adecuadamente los fines del procedimiento.
Según la fiscalía, una investigación que incluyó la intercepción de teléfonos y seguimientos permitió descubrir que el alcalde Figueroa Betancourt se habría confabulado con el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares para adjudicar de manera irregular las licitaciones de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio.
Con esta resolución, se abre un nuevo capítulo en un caso que ha generado gran atención pública y debate sobre la ética en la gestión municipal.