La designación de Anwar Farrán como el nuevo Delegado Presidencial de la Región de Ñuble ha generado un rechazo transversal.
Diputados, incluyendo a Frank Sauerbaum (RN), Felipe Camaño (IND-DC), Marta Bravo y Cristóbal Martínez (UDI) han solicitado a la Contraloría General de la República fiscalizar este nombramiento.
Ellos argumentan un posible incumplimiento de los requisitos legales, en particular, la exigencia de residir en la región por al menos dos años previos a la designación.
Esta controversia se originó tras la renuncia del anterior Delegado, Gabriel Pradenas, y la consecuente designación de Farrán el 1 de diciembre.
La Constitución Política de la República establece requisitos específicos para ser Delegado Presidencial, entre ellos, la residencia en la región correspondiente durante los últimos dos años.
Farrán, conocido por su trabajo como periodista en TVN y como docente en la Universidad Diego Portales en Santiago, así como por dirigir su empresa Farrán Media Films, también en Santiago, parece no cumplir con el requisito de residencia en Ñuble.
Esto ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad de su nombramiento.
El senador Gustavo Sanhueza y los diputados Marta Bravo y Cristóbal Martínez, de la UDI, también han expresado preocupaciones similares.
Mientras reconocen las capacidades de Farrán, destacan que su nombramiento podría incumplir el requisito de residencia. Además, critican la elección del Gobierno de no seleccionar a alguien originario de la región, calificándolo de “centralista” y “falta de compromiso con Ñuble”.
Los parlamentarios de Ñuble han decidido recurrir a la Contraloría para verificar la legalidad del nombramiento.
Aseguran que es crucial para la descentralización y el respeto a la región que el Delegado Presidencial cumpla con todos los requisitos constitucionales y legales.
Han instado al Presidente a reevaluar su decisión, señalando la urgencia de atender los problemas regionales con una autoridad adecuadamente calificada y legalmente designada.