Fiscalización detecta presunta asignación irregular de $268 millones en Ñuble
La Contraloría General de la República descubrió faltas de transparencia en la asignación directa de fondos por parte del Gobierno Regional de Ñuble a la Fundación Procultura.
El acuerdo, que alcanzó un total de 268 millones de pesos, fue para el proyecto “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Según consignó BioBioChile, el informe detalló que la propuesta de la Fundación Procultura no surgió de manera independiente, sino que fue solicitada por el propio GORE de Ñuble, lo que no justifica la asignación directa del dinero.
Además, la División de Fomento e Industria del gobierno regional fue la que formuló, patrocinó, evaluó y supervisó la iniciativa, lo cual representa una preocupante concentración de funciones.
El consejero regional Cristian Quilodrán señaló que estas irregularidades, como la falta de una unidad adecuada para manejar asuntos internacionales, ya habían sido advertidas anteriormente.
Por su parte, Osvaldo Alcayaga, jefe de la División de Fomento e Industrias, justificó el procedimiento señalando que la actividad, que reunió a más de 700 personas de Chile y Argentina, fue una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se llevaron a cabo 16 comisiones de trabajo.
No obstante, Contraloría también encontró problemas en la rendición de cuentas de los fondos asignados, identificando un saldo en revisión de $10 millones y otro pendiente de $20 millones, junto con errores e inconsistencias en el proceso.
Además, se resaltaron vínculos cuestionables entre funcionarios públicos y la fundación, con una funcionaria del Gore Bío Bío involucrada en la firma del certificado de recepción de fondos.
Tras la fiscalización, el Gobierno Regional de Ñuble terminó los acuerdos con la Fundación Procultura y solicitó la devolución de aproximadamente $20 millones. Los hallazgos del informe de Contraloría han sido remitidos a la Fiscalía Regional de Ñuble y al Consejo de Defensa del Estado para su debida investigación.