El Consejo para la Transparencia (CPLT) inició investigaciones sumarias contra el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Ñuble, alegando infracciones en el acceso a la información pública de los convenios.
El proceso surgió a raíz de una denuncia sobre problemas para conocer detalles de esta información pública.
La fiscalización del CPLT evidenció infracciones relacionadas con normas de transparencia activa asociadas al acceso a información sobre convenios en ambas instituciones estatales.
La ley establece que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa puede sancionarse con una multa que va desde el 20% al 50% de las remuneraciones del infractor.
En el caso de estos organismos públicos, el CPLT detectó problemas para acceder a documentos que, por exigencia de la Ley de Transparencia, deberían estar disponibles en la web; en particular, actas y resoluciones con efectos sobre terceras personas, asociados a convenios suscritos por las mencionadas instituciones en 2022 y 2023.
El proceso, impulsado por el Consejo a raíz de denuncias ante dicho organismo -encargado de fiscalizar el cumplimiento de la norma de acceso a la información-, evidenció incumplimientos en el Serviu de Ñuble en cuanto a que los enlaces de convenios no estaban operativos.
Mientras que en la Seremi de Vivienda de la misma región se requería de usuario y contraseña para acceder a los documentos públicos.
El presidente del CPLT, Francisco Leturia, señaló que esta situación era grave en materia de transparencia, ya que se establecían barreras de acceso a la información que impedían obtenerla de manera oportuna.
Aseguró que iniciarían una investigación sumaria y buscarían las responsabilidades correspondientes.
Leturia destacó la importancia de la transparencia para tener acceso a la información sobre convenios y afirmó que la crisis actual parecía hacer aún más urgente mejorar la información disponible.
Indicó que seguirían los pasos establecidos por la ley, que incluían sanciones, si no se justificaba el impedimento en el acceso a la información.
