En el marco del caso de los convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, diputados de RN y la UDI llevarán a cabo una serie de acciones de fiscalización.
Este jueves, el jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, junto a otros miembros de su partido, acudirán a la Contraloría para pedir un pronunciamiento sobre la responsabilidad del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en este asunto.
Critican la aceptación de la renuncia del Seremi de Antofagasta por parte del ministro, en lugar de instruir un sumario.
En su requerimiento, piden al contralor Jorge Bermúdez, que indique si Montes actuó conforme al marco legal y los principios de la administración del Estado.
Por otro lado, ahondarán en las advertencias hechas a la Subsecretaría de Vivienda sobre las irregularidades en el programa de Asentamientos Precarios.
Solicitan un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, o de otros funcionarios.
Paralelamente, los diputados de la UDI presentarán una querella criminal para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias.
En su texto, cuestionan la desviación de fondos a una fundación de naturaleza política. Piden, entre otras diligencias, el levantamiento del secreto bancario de la diputada Catalina Pérez y de su pareja Daniel Andrade.
Mientras, diputados del Partido Republicano, han ingresado una querella por posibles delitos de fraude al fisco y cohecho agravado.
